14 de mayo de 2019
En el 2026, el edificio más alto de la capital catalana será la Sagrada Familia de Gaudí.
Las construcciones en altura en Barcelona han quedado estancadas. La ciudad se encuentra sumida en un período de incertidumbre y se debate entre crecer a lo alto o cumplir con los preceptos normativos de la Unión Europea. Esto ha provocado un intenso debate en el sector, para dar luz al momento de estancamiento que se encuentra sumida la capital catalana.
Entre finales del siglo XX y principios del XXI, sobre todo tras convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de 1992, la Ciudad Condal vivió una auténtica revolución urbanística desde la actual zona Fórum hasta la Diagonal por el barrio del Poblenou. Fue entonces cuando se abrió la veda para erigir grandes construcciones, emulando los rascacielos de Nueva York o Singapur, para romper con la imagen burguesa de la ciudad y abrazar la modernidad. En esta pugna por presentar una imagen rompedora de la ciudad a todo el mundo, se apostó por fichar a arquitectos estrella.
Pero la crisis económica frenó cualquier actividad en altura que se precie y, pese a que en la actualidad, con una recuperación inmobiliaria más que notable, y sobre todo tras evidenciarse la falta de stock en la Ciudad Condal, ¿por qué no se construyen tantos edificios?
Varios son los expertos que lamentan la falta de suelo disponible en la capital catalana, pero existen otros condicionantes que están lastrando este crecimiento en vertical. El volumen de densidad de Barcelona es importante, pero interesa más saber si este tipo de construcciones se integran con el espacio que le rodea.
A nivel de vivienda, la Ciudad Condal ha tocado techo. No cuenta con promociones inmobiliarias que le permitan descongestionar esta situación que ha provocado un aumento de sus precios (hay más demanda que oferta), pero tampoco actúa para fomentar que grandes empresas apuesten por la ciudad, todo lo contrario. Las normativas urbanísticas ahuyentan a grandes promotoras, tampoco se recalifica suelo, ni se agilizan trámites burocráticos. Y, además, ‘se castiga’ a las empresas a cumplir una restrictiva normativa, como la disposición del 30% a VPO.
