20 de junio de 2018
Esta medida no entrará en vigor hasta el próximo otoño previa aprobación de la Generalitat de Cataluña.
El Gobierno de Ada Colau se ha empeñado en cumplir parte de su promesa electoral antes de que finalice su legislatura. Una de sus asignaturas pendientes tiene que ver con el sector inmobiliario, donde no le salen los números. Y es que BComú pretendía ampliar el parque de pisos sociales a 4.000 durante los cuatro años que estaría al frente del Consistorio barcelonés, pero la realidad es muy distinta y a duras penas alcanzará los 900 en 2019.
De este modo, en la última Comisión de Urbanismo que ha tenido lugar esta misma semana se presentó una ampliación de la normativa en la concesión de licencias de obras, para obligar a promotoras y grandes rehabilitaciones a reservar un 30% de sus viviendas a fines sociales. Una noticia que se ha ganado afines y detractores por igual, aunque esta medida no entrará en vigor hasta el próximo otoño, cuando sea apruebe por el Gobierno de la Generalitat. El objetivo del Ayuntamiento de Barcelona es generar entre 350 y 400 viviendas cada año.
